No solo un legado imborrable en el mundo de la música es lo que dejó Juan Gabriel. Y es que, a pesar de su triste deceso en el año 2016, también dejó a su paso por esta tierra, y gracias a su fructífera trayectoria, un considerable patrimonio a los suyos.
No obstante, una gran sorpresa se llevó el público en general al conocer que, presuntamente, Juan Gabriel había tomado la decisión de dejar por sentado en su testamento que el único de sus hijos que recibiría su fortuna como herencia era Iván Aguilera.
Pero en las últimas horas surgió un nuevo documento que cambiaría por completo esta historia dado que el mismo podría demostrar que, en realidad, Iván Aguilera no sería el único heredero del patrimonio del artista, el cual se estima que asciende a la desorbitante suma de 200 millones de dólares.
Fue uno de los abogados del caso, Gustavo Herrera, quien conversó con el programa “Ventaneando” para revelar mayores detalles en torno a la herencia de Juan Gabriel y en relación con este nuevo testamento que dejaría a todos los beneficiarios en iguales condiciones.
“En ese testamento deja como herederos a los cuatro hijos y cualquiera de los herederos o el albacea pueden denunciar la sucesión”, explicó el letrado en el mencionado programa.
Además, remarcó que de esta manera busca impugnar la herencia del intérprete, dado que las circunstancias en las que se procedió con el testamento ya conocido, en el que su único heredero era Iván Aguilera, le resultan bastante llamativas.
“En el testamento que yo tengo y en el testimonio que yo tengo de diferentes personas que tuvieron un trato muy cercano con Juan Gabriel, a los 4 los quería por igual. Qué casualidad que cuando muere está con él, qué casualidad que lo incineran de inmediato, esto se presta a cuestiones muy sospechosas”, agregó.
Finalmente, remarcó que, en caso de probarse una presunta falsificación por parte de este hijo de Juan Gabriel, no solo deberá regresar el dinero, sino que también recibirá una multa por daños y perjuicios. “Pierde todo y se queda sin nada, además de que puede ser un delito de fraude procesal 310 del código penal. Tendría que devolver los 200 millones de intereses, daños y perjuicios”, indicó.